La sobrerregulación es uno de los factores más distorsionantes de la competencia y de las inversiones. Este fue el tema central del debate que se generó ayer en el congreso internacional Los Retos de la Regulación, organizado por la Universidad del Pacífico y el Estudio Bullard, y que contó con la participación del experto internacional en regulación de la London School of Economics and Political Science (LSE), Robert Baldwin.
FALTA ANÁLISIS DE IMPACTO
José Luis Bonifaz, director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacifico, indicó que las principales regulaciones que limitan la inversión en infraestructura y servicios públicos en el Perú tienen que ver con la ley de expropiaciones, en la que claramente no se hizo un análisis de impacto regulatorio (AIR), toda vez que “en 2 años ha habido 3 leyes [...] que se han ido cambiando precisamente porque no se hizo un AIR al inicio”.
Le siguen en importancia como trabas a la inversión los certificados de restos arqueológicos (CIRA) y los estudios de impacto ambiental (EIA). Pero el problema va más allá de las normas, asegura el especialista. El accionar de los funcionarios públicos también se convierte en una traba, en particular cuando el funcionario crea trámites como un mecanismo de recaudación:
“Cada municipalidad prácticamente pone en su TUPA lo que quiere y el Indecopi no es muy ágil en resolver las barreras burocráticas”.
Para Bonifaz no solo el exceso de regulaciones limita la inversión, sino también su ausencia, en particular en sectores como justicia y salud, por lo que recomienda la creación de una oficina de regulación en el MEF.
AUTONOMÍA DEL REGULADOR
Otro tema que se discutió fue la independencia de los organismos reguladores y supervisores de empresas de servicios públicos e infraestructura y el rol que estos juegan en la atracción de inversiones.
Estudios recientes del Instituto Peruano de Economía estiman que la brecha de inversión en infraestructura en el Perú es de US$80.000 millones, mientras que analistas locales e internacionales coinciden en la necesidad de que la supervisión y regulación de estas inversiones se desarrollen de manera técnica y, sobre todo, de manera independiente de las empresas que se regulan y del poder político de turno.
A pesar de este consenso, José Luis Sardón, magistrado del Tribunal Constitucional y ex decano de la Facultad de Derecho de la UPC, afirmó que, si bien simpatiza con la idea de la independencia de los reguladores, esta “tiene un costo político [...] que puede comprometer por un lado la democracia y por otro el equilibrio del sistema de separación de poderes”.
Para Sardón, la aparición de organismos reguladores independientes que son cuasi ejecutivos, cuasi legislativos y cuasi judiciales genera un sistema “barroco, en el que hacer un sistema de pesos y contrapesos con tantos actores se vuelve infinitamente complicado”.
Todo lo anterior, para Sardón, desemboca en una percepción de que en el Perú “democracia es sinónimo de gobierno débil y de gran frustración”.
Para el magistrado del Tribunal Constitucional, la solución al problema consistiría en que los miembros del consejo directivo de los organismos reguladores se renueven cada dos años y medio. En una primera renovación , se cambiaría a dos tercios de los miembros del consejo directivo y en una segunda renovación se cambiaría al tercio restante, afirmó.
